El sector hostelero se queja de la competencia desleal que supone el denominado «turismo colaborativo», una práctica cada vez más extendida en la cual viviendas habituales se alquilan o se prestan a modo de intercambio para pasar unas vacaciones.

Actualmente el intercambio de pisos o alquiler a turistas no tributa. Tampoco tienen que cumplir normas como informar a la Policía de quiénes se hospedan allí.

Ante las quejas del sector hostelero la Junta de Castilla y León prepara un decreto para que entre en vigor el próximo año y mediante el cual estas viviendas particulares de uso turístico estén registradas y cumplan normativas en materia de sanidad, consumo y prevención de incendios…  contemplando inspecciones y sanciones a partir de 9.000 euros. Según se puede saber la nueva norma obligará a  tributar en Hacienda e impedirá que se alquile más de dos meses a la misma persona.